Crecimiento agrícola y hambre de tierra

A lo largo de los anos centrales del siglo XIX, el proceso de privatización de la tierra siguió de manera inflexible su marcha en Navarra, dejando a su paso un reguero creciente de desigualdad social. Como consecuencia de las deudas que los ayuntamientos contrajeron a raíz del proceso bélico, entre 1839 y 1861 se vendieron en el viejo Reyno al menos 151 corralizas. Este proceso privatizador de los bienes concejiles contó con el beneplácito de la Diputación, ya que un buen número de peticiones, de enajenaciones de comunales fueron aceptadas, e incluso propiciadas, y supuso el germen de no pocos brotes de violencia y de conflictividad social. Al mismo tiempo, durante estos anos cincuenta, en la línea de lo ya iniciado en los anos anteriores, se produjo una importante ampliación del área de cultivo, ocupando zonas que antes se dedicaban a pastos, sotos y bosques, lo que, lógicamente, volvió a plantear graves problemas en el orden social de las diferentes zonas rurales.

La mayor parte de las roturaciones que se llevaron a la practica en el siglo XLX es probable que se produjeran en los anos 40 y, sobre todo en los 50. En estos anos, la integración de los productos agrícolas en el mercado español, favorecida por el traslado de las aduanas y por el desarrollo y mejora de las redes de transporte, amplio las expectativas de los productores. A ello contribuyo, también, la recuperación de los precios agrícolas que se opero a partir de 1845, y la ampliación de la oferta de la tierra, gracias a la inclusión en el mercado de los bienes desamortizados y enajenados. Esta coyuntura agrícola favorable provoco un alza de la renta de la tierra que, en unas ocasiones, alentó a los propietarios roturar más y más tierra para arrendarla y, en otras, indujo a los cultivadores de la Navarra meridional a buscar en los comunales la alternativa a esas elevadas rentas en el regadío. De cualquier forma, este último proceso no siempre fue viable, ya que la Diputación provincial, probablemente a instancias de la burguesía terrateniente, prohibió, en multitud de ocasiones, las peticiones de repartos de suertes y persiguió duramente aquellas roturaciones arbitrarias que, siguiendo con una costumbre muy arraigada en la mentalidad popular, se seguían produciendo.

Las movilizaciones de campesinos, instigadas o no por los principales labradores, con la ayuda o la oposición de las autoridades municipales y de la burguesía agraria, que solicitaron la ampliación de la superficie de cultivo mediante la roturaci6n de nuevos terrenos del común y el posterior reparto entre todos los vecinos se intensificaron durante la coyuntura revolucionaria del bienio progresista, entre 1854 y 1856. En unos casos, las peticiones, partiendo de la realidad campesina, no solo contaron con el apoyo de las autoridades municipales, sino que estas se llegaron a convertir en las instigadoras de ese tipo de solicitud. Curiosamente, los ejemplos hallados coinciden en un marco geográfico próximo, en torno al rió Aragón. En otros, la petición mayoritaria de los campesinos no contara con el apoyo ni de las autoridades ni de la burguesía agraria. Un tercer modelo nos muestra como la petición de los campesinos, instigados por los principales labradores, consigue el apoyo tácito de las autoridades, pero no así el de los principales contribuyentes, en este caso ganaderos, ejemplo de una fuerte fractura social.

Las razones que impulsaron en 1855 a los ayuntamientos de Gallipienzo, Carcastillo, Murillo el Fruto y Santacara a convertirse en los voceros de las reivindicaciones campesinas fueron muy distintas, pero todas ellas encajarían en lo que algunos autores denominan como "patronazgo social", es decir, en la creación de redes verticales dentro de las comunidades agrarias que vendrían a sumarse a las horizontales, mas naturales, dentro del mismo grupo social. En algunos casos, fue el "haber aumentado notablemente los brazos agrícolas", con la consiguiente "escasez de trabajo que experimentaban las clases jornaleras", la razón aducida por las autoridades; en otros casos, fue la pretensión de impulsar la agricultura mediante la ampliación de la superficie de cultivo; y en ultima instancia, razones de tipo natural: las avenidas del rió Aragón habían privado a los campesinos de Santacara de mas de un 80 por 100 de la tierra cultivable, por lo que "el pueblo todo se halla en el mayor atraso y aflicción". Se habían perdido, en este pueblo, casi 2.500 robadas de las 3.000 que cultivaban los vecinos, por lo que, para solucionarlo, el ayuntamiento y la Junta de Quincena pedían que se partiera el Soto López, lo cual permitiría disponer de tierra que repartir, entre 3 y 4 robadas por vecino. 

Pese a sus argumentaciones, y al apoyo ciudadano, la Diputación desestimo las peticiones, salvo en el caso de Gallipienzo, probablemente porque en ese punto las roturaciones se habían llevado a efecto un ana antes y ahora solo se buscaba su regularización. El caso fue que, al menos en estos anos, los vecinos del resto de los pueblos se vieron privados de la posibilidad de cultivar nuevos terrenos del común. Con el tiempo, la Direcci6n Provincial de Montes, dependiente de la Diputación, seria la encargada de gestionar todas aquellas peticiones de tierra que roturar y repartir entre todos los vecinos.

Del libro: "j ARRIBA JORNALEROS! Los campesinos navarros ante la revolución burguesa (1841-1868)" Autor: José Miguel Gastón Aguas.